Mucho para ver

Muy buena entrevista le hizo Eduardo Aliverti en Marca de Radio a Damián Loreti: Escuchar la entrevista.




Aquí otra entrevista realizada a Damián Loreti, esta vez en la revista PNCé

¿Cuál es el rol del Estado en relación a la comunicación?


"El corazón de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual son las instancias de pluralismo y diversidad. La ley es una plataforma de generación de nuevos espacios de información y estética, basados en criterios de pluralismo, diversidad y promoción."

Damián Loreti es uno de los Fundadores de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y coautor de los "21 principios básicos para la radiodifusión de la democracia". Es Abogado (UBA) y Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Fue Director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (2002-2006) y vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (2006 - 2010). Forma parte de la Comisión Directiva del CELS.

¿Qué le cabe hacer al Estado en materia de comunicación y libertad de expresión?

Habría que delinear primero qué es esa dimensión que a grandes rasgos llamamos comunicación. Porque ahí hay muchas cosas, y en algunas ellas el Estado no tendría que participar. Hay un debate preliminar en todo eso que más que con comunicaciones tiene que ver con libertad de expresión.

La mirada histórica de esto tenía que ver con que la libertad de expresión implicaba proteger al tipo que estaba parado en el banquito de las plazas inglesas (por ese cuento de nadie pisando suelo inglés podía hablar mal de la Corona) o en otros sitios en la llamada “esquina de la calle” y hasta ahí alcanzaba la idea de que nadie podía ser molestado por sus opiniones, lo cual daba preliminarmente la idea de un orador y un foro.

Con la aparición de la imprenta hay otro tipo de utilización del foro público, que ya requiere de un soporte tecnológico (el papel) y a partir de ahí ya se empieza a plantear una idea distinta. La libertad de prensa, vinculando esto a la gran pelea histórica contra la censura previa del Estado o sea de la revisión de contenidos antes de divulgar.

En las constituciones burguesas y las declaraciones de derechos del estilo de la Revolución Francesa o la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos tenía que ver con que el Estado cumpliría sus obligaciones absteniéndose de censurar y esos eran todos sus compromisos en materia de derechos humanos y libertad de expresión.

Hay quienes siguen pensando que el rol del Estado debería seguir siendo ese y lo piensan por razones variadas; por conveniencia económica o preferencia política. Pero efectivamente hay quienes siguen abrevando en esa doctrina.

El tema es que a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se empieza hablar de sujeto universal del derecho la libertad expresión, que para algunos de nosotros es el derecho a la información. Empieza a reconocerse el derecho de todos las personas y no sólo de aquellos que son los dueños de las los medios.

Empiezan a aparecer desde entonces y de modo más explícito que los Estados Nacionales tienen obligaciones de prestación y no sólo de abstención. Y esto por varias razones, la primera es la adjudicación de las frecuencias que son un bien escaso, otra es la determinación de quienes son los que van a operar los medios de comunicación electrónicos y como se distribuye el espectro radioeléctrico. No sólo cómo se asigna, que tendría que ver con las condiciones de acceso, sino cómo se explota, o sea con el efectivo desarrollo de la prestación y del criterio de pluralismo y diversidad. En este sentido hay un mandato de la Corte Interamericana que plantea que la libertad de expresión no es un derecho declamativo, o sea que el derecho a libertad de expresión implica contar con los medios técnicos para ejercerlo. Y en el supuesto mercado de ideas (cómo lo llaman los norteamericanos) no hay una mano invisible que garantice el pluralismo. Entre otras cosas porque en los medios de comunicación el crecimiento de ganancias económicas no implica necesariamente un aumento de costos (si aumenta la audiencia de una radio, y eso implica aumentar los anunciantes y las ganancias, no implica necesariamente que hay que invertir más en la programación) con lo cual la tendencia a la concentración es parte de la propia naturaleza de los medios. Todas estas son razones centrales por las cuales el Estado no debe pasar por alto las políticas de comunicación.

Los Estados se ven en la disyuntiva de promover políticas nacionales de comunicación en un contexto de fuerte transnacionalización de las industrias culturales. ¿Cuál es la importancia de los bloques regionales (MERCOSUR, UNASUR, Unión Europea) en ese contexto?

Hay una cuestión previa, dejando por un momento de lado los bloques regionales, que son las declaraciones de los organismos supranacionales del tipo de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por ejemplo, la Declaración de Principios de la CIDH del año 2000 en materia de libertad de expresión es muy explícita en algunos puntos. Plantea que los monopolios y los oligopolios en la comunicación social afectan la democracia porque restringen el derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión de las personas. Con lo cual esto ya dejó de ser un problema académico y pasó a ser un dogma de derechos humanos del sistema. Este mismo principio dice que en las licencias deben ser adjudicadas de modo que garanticen la igualdad de oportunidades lo cual es otra recomendación que los Estados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de deberían omitir.

En el marco del Mercosur una de las cosas que está sujeta a reserva por los países co-firmantes con Argentina del tratado de Colonia es la radiodifusión. Porque en la medida en que Argentina tiene un tratado con Estados Unidos en materia reciprocidad inversiones eso podría permitir, dicen los uruguayos y los brasileños, que en sus marcados entraran capitales estadounidenses con documento de argentinos. Esto no se puede pasar eso por alto al mirar qué política se podría dar el bloque.

Dicho esto, hay algunas reglas en el marco de la “Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales” de UNESCO (2005) que si deben tomar los Estados y que sería deseable que el MERCOSUR las articule como bloque.

¿Cómo sentís que está hoy en Argentina el debate sobre la libertad de expresión?

El debate sobre cuál es el sentido y a quién alcanza la libertad de expresión y cuáles deben ser las obligaciones del Estado fue tenue durante la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Porque se terminó discutiendo la superficie y fue mucho considerando la invisiblización que pretendieron hacer de ese proceso. Y este es un debate muy complejo de instalar porque hay quienes defienden eso pero no por especulación si no porque están convencidos. Y puntualmente respecto a ese tópico yo veo que ahí el debate está igual, en el sentido de que es difícil de instalar.

Hay una relectura mucho más generalizada en la sociedad del rol de los medios, la cual todavía no entra al nudo de para qué sirve la libertad de expresión, si para la mera satisfacción de intereses personales, o como aporte a la constitución de un estado de derecho democrático, o una mirada que tienda más a la libertad de expresión como soporte en el ejercicio del pluralismo y la diversidad.

Como veo el estado de la libertad de expresión (que no es lo mismo que el estado del debate), la veo iniciando un camino hacia el desahogo. Yo creo que la Argentina entró en un proceso de una larga transición hacia un modelo de desahogo de la voz. Falta hacer cosas, pero hay mucho hecho. La aparición de nuevas expresiones por vía de señales con la incorporación de 31 señales al reparto de los espacios de publicidad electorales implica agrandar el embudo. Las 220 licencias a adjudicarse en Televisión Digital Argentina (TDA) otro tanto. La utilización de Radio y Televisión Argentina (RTA) como soporte de nuevas señales de televisión digital abrevan en el mismo sentido. Por lo cual me parece que estamos en una larga transición, porque no hay modo de que sea corta. Son 200 años de historia, que salvo episodios aislados, han tendido a la concentración y la integración vertical.

Y lo que ocurrió además es que, en lugares insospechados hasta hace un tiempo, se discute sobre medios de comunicación. Eso no termina de resolver la necesidad de lo que algunos auspiciamos como audiencias críticas o lectores participativos o alfabetizados mediáticamente pero me parece que es un camino.

Yo no le quitaría, aunque es difícil de medir, el impacto fenomenal sobre este proceso al Programa “Conectar Igualdad”. Que -en términos de alfabetización tecnológica- implica lo que era el libro de lectura hace 50 años.

Hoy el Estado tiene diferentes unidades con responsabilidades en materia de comunicación diseminadas por diversos Ministerios. Una de las cosas que nos parece importante discutir es la necesidad de concentrar estratégicamente las herramientas de políticas culturales en un sólo "lugar de la administración".

Lo han hecho los franceses con Jacques Lang y mal no les fue. Estaban en una pelea frente a los norteamericanos a la hora de discutir la ronda de Uruguay del GATT y el tema de la Excepción Cultural para las industrias culturales. Y ese proceso explosivo de la industria cultural francesa implicó concentrar comunicación y cultura y me parece que en ese sentido dio resultado.

El tema que alguna cosa debería quedar afuera de eso. Básicamente no deberías reunir a una autoridad aplicación destinada a regular los medios de comunicación y a un medio estatal regulado bajo una misma órbita porque a veces puede traer complicaciones.

¿Cuáles son los debates sobre los que deberían avanzar las políticas de comunicación después de la Ley 26.522? ¿Cuáles son los nuevos horizontes que pensar?

Me parece que lo primero que hay que pensar en cómo se pone en práctica toda la Ley. En términos de otros horizontes me parece que nos queda, no en términos de radiodifusión sino más grandes, llegar a la aplicación una política de convergencia tecnológica más intensa. Me parece que hay que discutir una Ley de Acceso a la Información como Ley, no sólo decreto, es decir que comprometa al parlamento y al Poder Judicial y ya hay media sanción sobre esto. Me parece que tenemos que pensar en una Ley de cláusula de conciencia a favor de los periodistas Me parece central la Ley de Cine, que está montada en la estructura fílmica y ahí hay un proceso, de vuelta, vinculado a la convergencia al que prestarle atención, ¿qué son las películas de Internet?, ¿es un servicio comunicación audiovisual?, ¿cómo se financia?; son un actor que me parece que tiene estar contemplado.

Me parece que en términos de derecho y cultura también hay algo que reflexionar sobre la Ley de Propiedad Intelectual en dos órdenes. El primero, en orden a la flexibilización de ciertos usos de la propiedad intelectual, y, sin que esto implique adherir necesariamente a eso, poner en juego las discusiones vinculadas a Copyleft, a Creative Commons y al derecho de copia individual. Y, por otro lado que reconozca los derechos de los creadores de modo más explícito. Sólo por dar un ejemplo: en Uruguay la Ley de Propiedad Intelectual incorporó una cláusula diciendo que cuando los periodistas dan sus notas a los medios en los cuales trabajan se presume que es por el primer uso y que después recuperan sus derechos.

¿Cómo ves la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?

En relación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hay muchísimo hecho y mucho por hacer considerando que los embates judiciales la demoraron un año para plena aplicación y aún hoy hay fallos de cautelarse vigentes. Terminar de aprobar la estructura de Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA. Hay que ejecutar los llamados a concurso y hacer planes técnicos en radio. Hay que empujar mecanismos de implementación para un acercamiento del público con AFSCA. Hay que verificar que se cumplan las obligaciones de transparencia de parte de los medios y establecer un mecanismo más ágil en eso. Falta nombrar al defensor del público. Falta terminar de armar los consejos consultivos en los Medios Públicos.

Es interesante porque lo que planteas no está vinculado con la aplicación o no del artículo 161 (que fija los plazos de desinversión y está frenado en la justicia).

Hay quienes dicen que el artículo 161 es el corazón de la ley, yo creo que no. Tiene una importancia fundamental pero no es el corazón de la ley. El corazón de la ley son las instancias de pluralismo y diversidad. La ley es una plataforma de generación de nuevos espacios de información y estética, basados en criterios de pluralismo, diversidad y promoción.

El artículo 161 es crucial en la medida en que la formación de nuevos mercados, sobre todo estos que tienen que ver con los derechos de exhibición, se tornan muy complejos por el proceso de integración vertical que tienen los grupos. Hay que generar nuevos espacios de promoción de diversidad y pluralismo de la mano de ver cómo se contienen los mercados integrados del mismo modo que lo hace la legislación norteamericana o europea.

El artículo 161 es el que permite desconcentrar las industrias integradas vertical y horizontalmente en condiciones de abuso de posición dominante –al menos – y de prácticas monopólicas en otros casos y por supuesto que es importante. Pero el corazón de la ley para mí es la plataforma de diversidad y de pluralismo que brinda.

¿En dónde opinás que se hacen más palpables las transformaciones que impulsó la 26522?

¿Hoy? Con los derechos sobre la discusión de la concentración de los derechos de la programación. Que no es solamente “Fútbol para Todos”. Tiene que ver con las reglas de cómo se discutió con los titulares de derechos de exhibición de muchos deportes la posibilidad de que se dieran esos deportes en televisión abierta del interior. Específicamente no cito el fútbol, en orden a que hay deportes que hacen a la identidad de un lugar, el vóley y el básquet se transformaron en el ícono de muchas ciudades del país. Eso permite generar no solo movimiento económico sino revalorizar cosas. Igualmente creo que los temas de derechos de contenidos relevantes deberían trascender del deporte cosa que no todos piensan. Un ejemplo de esto es la re-inauguración del Colón que no se vio por televisión abierta, algunos podrán decir que eso no interesa, para mí sí.

La obligatoriedad del informativo propio está pesando en muchas localidades del interior. Los llamados a concurso para Televisión Digital implicaron que la gente empiece a organizarse para tener ya nuevas señales a partir de las cuales después concursarán por un espacio propio en el espectro.

La aparición del Consejo Federal ha tenido relevancia, para la discusión de los pliegos, para la designación de los jurados de los concursos, todo eso oxigena los modos de tomar decisiones por parte del Estado a la hora de democratizar la asignación de bienes y servicios.

De modo no explicitado pero la Ley tiene un artículo, que es el 153, que establece mecanismos de coaching, de trabajo conjunto entre el Estado y los privados. Que para mí, insisto que de modo no explícito, es el modelo del BACUA (Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino) y del Acua (Arbol de Contenidos Universales Argentino) que se hacen sobre un modelo de televisión por más que el concurso lo haga el Instituto de Cine somo sede.

Y además el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) no está intervenido y se llama Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y tiene un directorio. Esto es un beneficio enorme para la democracia.

¿Cuál es tu opinión respecto a las telefónicas? El mercado tiende a la convergencia pero quedaron fuera de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En algún momento habrá que discutir ese tema.

Es una pregunta de compleja resolución. Porque si uno se plantea la idea de que efectivamente puedan ser productoras o distribuidoras de servicios de comunicación audiovisual había que fijarles reglas.

El modelo que planteó la ley de servicio comunicación era la misma cantidad de exigencias que tenía Telmex para entrar al marcado de la radiodifusión en México más otras seis obligaciones. Con lo cual, una de las cosas que tenían que hacer era relajar su puerta de atrás, su condición de monopolio de zona. Porque una de las condiciones implicaba que podían tener una licencia de servicios de comunicación audiovisual en la medida en que en su área de cobertura monopolizada hubiera 25% de entrantes y que entregaran a los interesados los listados de sus clientes y los datos de consumo. El único modo de meterte ahí es que el que quisiera entrar manejara en igualdad de condiciones los datos del marcado.

Me parece que se podría seguir apostando a eso en la medida en que uno crea que tienen que entrar. El dato es que si no entran va a haber arriendo de redes, no van a ser prestadores ellos, pero lo que va a ocurrir es que la facilitación de redes a terceros sin inversión puede desnaturalizar el mercado del cable tranquilamente.

El debate fue tan grande entre la gestión estatal de los medios y los medios comerciales oligopólicos que dejó en un segundo plano a los medios sociales y comunitarios.

¿Cómo ves las políticas para promover a los medios de comunicación comunitaria.'

Me parece que esa pregunta hay que responderla en enero del año que viene. Porque este es el primer año en el cual hay recaudación específica, de acuerdo al programa de la ley, para la promoción del sector social. Y digo en enero del año que viene asumiendo que en enero pueda estar visualizado para que el lado fue el tema de los concursos de televisión digital en orden a que no se respetó solo el tercio y se fue por el 50% de las bandas a concursar. Con lo cual, en términos de impulso al sector, es más que lo que la ley dice.

Pero es muy difícil dar esa respuesta porque estás en la mitad del salto; ni siquiera en la mitad el camino. Hay que ver cómo se arma el presupuesto con los planes de recaudación específicos, con la recaudación que haya tenido AFSCA, y el porcentaje previsto para medios comunitarios, que cantidad de concursos efectivamente tienen participantes y quiénes son los participantes en esos concursos.

Hoy es aventurado, pero sí me parece que deberíamos estar atentos a que este proceso no puede como el de los años 80, basado en la resistencia contra el cierre. Tiene ser un proceso inteligente, de diseño de planes de sustentabilidad de medios hacia adelante. Es difícil dar esa respuesta hoy, si me preguntaran no veo (por carencias profesionales, falta de visibilización o inexistencia; no puedo definir la causa) que se estén haciendo los ejercicios de precalentamiento necesarios, ni siquiera en las universidades, excepto algunas. Lo peor para estas entidades sería faltar al compromiso que tomaron a la hora de la discusión de la ley.

Sos uno de los fundadores de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que desde la sociedad civil impulsó la sanción de una ley de comunicación de la democracia mucho tiempo antes de que se sancionara la Ley 26.522. ¿Cuáles deberían ser las nuevas demandas sobre las que se organice la agenda de la sociedad civil?

En América Latina es muy difícil que las organizaciones civiles coronen sin la voluntad política del estado. Me parece que uno de los temas puede tener que ver con discutir los derechos del público. También ver hasta dónde va la industria de los diarios. Armar un consejo para acompañar al defensor del público ni bien se lo nombre. Me parece que la sociedad civil y las organizaciones sociales deberán tener un rol protagónico cuando se discuta la renovación de las licencias en audiencias públicas.